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martes, 1 de marzo de 2016

Sepur Zarco, escenario de víctimas



El pasado 26 el febrero el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la juez Yassmín Barrios emitió condena de prisión en contra de un teniente coronel del ejército y un ex comisionado militar por no haber evitado los continuos abusos de los soldados en contra de mujeres q’eqchies, en el destacamento Sepur Zarco, localidad del municipio de El Estor, Izabal. La decisión de los jueces es emblemática, pues se condena a militares, en un país donde las vejaciones de violencia con la población, realizadas en gran  porcentaje por el ejército nacional en los años del Conflicto Armado Interno, ocuparon cientos de páginas en los documentos de CEH (Memoria del Silencio) y REMHI (Guatemala nunca más). En esos documentos sobresale la agresión realizada por los militares, especialmente contra la población indígena.
Las sesiones donde se presentaron y dirimieron los hechos fueron pocas, lo que llevó a algunos a sostener “que la decisión ya estaba hecha” y que las sesiones   del juicio fueron un simple trámite de ley. Además la juez Yassmín Barrios fue fuertemente criticada y deslegitimada por “tendenciosa”, ya que sobre ella resonaba el dictamen hecho en el juicio contra el general Efraín Ríos Mont y José Mauricio Rodríguez, que quedó sin efecto por instancias superiores (Corte de Constitucionalidad).
Más allá de estas disquisiciones, que buscan desprestigiar el quehacer de jueces y tergiversar la verdad, la condena del caso de Sepur Zarco, la culpabilidad de sus actores y de quienes, conociendo los hechos deshumanizantes, no pusieron remedio a ello, no es un caso aislado, sino parte de una cadena de agresiones en contra de poblaciones indígenas y de mujeres. Las agresiones cometidas contra las mujeres q’eqchies,  y  otras comunidades mayas, no pueden ser silenciadas a riesgo de sepultar la dignidad de la persona, sus derechos y su identidad. Abogar, como con frecuencia se ha dicho, por “olvidar los hechos” no es camino de reconciliación, pues la gravedad de las heridas en la psicología y sociedad, no desaparece con un “simple olvido”. Por eso, desde la puerta abierta con Sepur Zarco, hay que abrir la “verdad de otros escenarios de violencia y agresión sexual contra la mujer por caminos de justicia, verdad y equidad, que haga plausible la reconciliación.
La violencia ejercida contra las mujeres no ha de ser asumida como simples agresiones, sino como “símbolos” y parte de una política contrainsurgente hacia el pueblo indígena, considerado por el ejército “enemigo de la patria”, por su participación, colaboración o proximidad a la  insurgencia. No hay que olvidar que, por esos años del  conflicto Armado Interno, la Doctrina de la Seguridad  Nacional está  en vigencia y, en Guatemala, se asumía ideológica y prácticamente. Aunque en el caso de Sepur Zarco las agresiones contra las mujeres q’eqchies tuvieran su motivación en las exigencias campesinas y los temores de los  terratenientes, el “castigo de agresión sexual en contra de las mujeres” adquiere un carácter simbólico.
Fueron “símbolos de castigo al pueblo indígena”, para infundir miedo y terror. Pueden ser comprendidos como “rituales de guerra, expresiones del proyecto subyacente de eliminar la oposición del pueblo. Al agredir a la mujer indígena, generadora de vida, se refleja la disconformidad al pueblo indígena y así pueden ser entendidas como “castigos ejemplares contra el pueblo” y, por ende, su identidad cultural.
Las acciones aberrantes, deshumanizadoras y, en algunos casos, inconcebibles en una sociedad humana, provocaron en muchas mujeres sentimiento de auto descalificación. El machismo extremo, la discriminación y el abuso de poder y de fuerza de soldados y cuadros de mando en contra de la mujer indígena en varios lugares de Guatemala exigen un esclarecimiento de todos esos hechos que rompa el silencio de décadas y provoque una  reacción socio-ética y humanística para exigir el lema del proyecto REMHI en “Guatemala nunca más”.
En la expresión “mujeres indígenas pobres” se conjuntan categorías de agresión de carácter  extremo y que refleja los síntomas de decadencia ética-moral de nuestro mundo, el abuso ilimitado del poder y del dinero y el valor de la dignidad humana, especialmente de los empobrecidos, marginados y vulnerables.
Acabamos de celebrar el “día de las víctimas”. Aún perviven en Guatemala silencios, represiones, indiferencias e insensibilidades ante hechos tan detestables, como los de Sepur Zarco y otros escenarios de terror en Guatemala. Si queremos  alcanzar una auténtica sociedad democrática, plural y digna, será obligado esclarecer todos esos acontecimientos de deshumanización y devolver su dignidad arrebatada a las víctimas.

  Cobán, marzo 2016

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