El pasado
26 el febrero el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la juez Yassmín
Barrios emitió condena de prisión en contra de un teniente coronel del ejército
y un ex comisionado militar por no haber evitado los continuos abusos de los
soldados en contra de mujeres q’eqchies, en el destacamento Sepur Zarco,
localidad del municipio de El Estor, Izabal. La decisión de los jueces es
emblemática, pues se condena a militares, en un país donde las vejaciones de
violencia con la población, realizadas en gran porcentaje por el ejército
nacional en los años del Conflicto Armado Interno, ocuparon cientos de páginas
en los documentos de CEH (Memoria del Silencio) y REMHI (Guatemala nunca más).
En esos documentos sobresale la agresión realizada por los militares,
especialmente contra la población indígena.
Las
sesiones donde se presentaron y dirimieron los hechos fueron pocas, lo que
llevó a algunos a sostener “que la decisión ya estaba hecha” y que las sesiones
del juicio fueron un simple trámite de ley. Además la juez Yassmín
Barrios fue fuertemente criticada y deslegitimada por “tendenciosa”, ya que
sobre ella resonaba el dictamen hecho en el juicio contra el general Efraín
Ríos Mont y José Mauricio Rodríguez, que quedó sin efecto por instancias
superiores (Corte de Constitucionalidad).
Más allá
de estas disquisiciones, que buscan desprestigiar el quehacer de jueces y
tergiversar la verdad, la condena del caso de Sepur Zarco, la culpabilidad de
sus actores y de quienes, conociendo los hechos deshumanizantes, no pusieron
remedio a ello, no es un caso aislado, sino parte de una cadena de agresiones
en contra de poblaciones indígenas y de mujeres. Las agresiones cometidas contra
las mujeres q’eqchies, y otras comunidades mayas, no pueden ser
silenciadas a riesgo de sepultar la dignidad de la persona, sus derechos y su
identidad. Abogar, como con frecuencia se ha dicho, por “olvidar los hechos” no
es camino de reconciliación, pues la gravedad de las heridas en la psicología y
sociedad, no desaparece con un “simple olvido”. Por eso, desde la puerta
abierta con Sepur Zarco, hay que abrir la “verdad de otros escenarios de
violencia y agresión sexual contra la mujer por caminos de justicia, verdad y
equidad, que haga plausible la reconciliación.
La
violencia ejercida contra las mujeres no ha de ser asumida como simples
agresiones, sino como “símbolos” y parte de una política contrainsurgente hacia
el pueblo indígena, considerado por el ejército “enemigo de la patria”, por su
participación, colaboración o proximidad a la insurgencia. No hay que
olvidar que, por esos años del conflicto Armado Interno, la Doctrina de
la Seguridad Nacional está en vigencia y, en Guatemala, se asumía
ideológica y prácticamente. Aunque en el caso de Sepur Zarco las agresiones
contra las mujeres q’eqchies tuvieran su motivación en las exigencias
campesinas y los temores de los terratenientes, el “castigo de agresión
sexual en contra de las mujeres” adquiere un carácter simbólico.
Fueron
“símbolos de castigo al pueblo indígena”, para infundir miedo y terror. Pueden
ser comprendidos como “rituales de guerra, expresiones del proyecto subyacente
de eliminar la oposición del pueblo. Al agredir a la mujer indígena, generadora
de vida, se refleja la disconformidad al pueblo indígena y así pueden ser
entendidas como “castigos ejemplares contra el pueblo” y, por ende, su
identidad cultural.
Las
acciones aberrantes, deshumanizadoras y, en algunos casos, inconcebibles en una
sociedad humana, provocaron en muchas mujeres sentimiento de auto
descalificación. El machismo extremo, la discriminación y el abuso de poder y
de fuerza de soldados y cuadros de mando en contra de la mujer indígena en
varios lugares de Guatemala exigen un esclarecimiento de todos esos hechos que
rompa el silencio de décadas y provoque una reacción socio-ética y
humanística para exigir el lema del proyecto REMHI en “Guatemala nunca más”.
En la
expresión “mujeres indígenas pobres” se conjuntan categorías de agresión de
carácter extremo y que refleja los síntomas de decadencia ética-moral de
nuestro mundo, el abuso ilimitado del poder y del dinero y el valor de la
dignidad humana, especialmente de los empobrecidos, marginados y vulnerables.
Acabamos
de celebrar el “día de las víctimas”. Aún perviven en Guatemala silencios,
represiones, indiferencias e insensibilidades ante hechos tan detestables, como
los de Sepur Zarco y otros escenarios de terror en Guatemala. Si queremos
alcanzar una auténtica sociedad democrática, plural y digna, será
obligado esclarecer todos esos acontecimientos de deshumanización y devolver su
dignidad arrebatada a las víctimas.
Cobán,
marzo 2016
Tomado de http://akkutan.info/page47.html
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